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Los celíacos catalanes exigen ayudas al Ministerio de Sanidad

La Asociación Celíacos de Cataluña ha hecho uso del Derecho Fundamental de Petición recogido en el artículo 29 de la Constitución española, para dirigirse al Ministerio de Sanidad con la exigencia de que el Estado contribuya a financiar el sobrecoste que para las personas afectadas de celiaquía representa la necesidad de consumir productos sin gluten.

 

La petición trasladada al Ejecutivo reclama que la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Seguridad incluya ayudas fiscales o ayudas específicas para la adquisición de alimentos que puedan beneficiar a las personas afectadas de la enfermedad celíaca en todo el Estado.

Actualmente, sólo Extremadura, País Vasco y algunos municipios de la Comunidad Valenciana otorgan este tipo de ayudas o subvenciones mientras que, por parte del Estado, las ayudas para la adquisición de alimentos libres de gluten quedan circunscritos a los funcionarios encuadrados a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), pero no al conjunto de la población.

De esta manera, la Asociación Celíacos de Cataluña, en representación de las más de 525.000 personas afectadas por enfermedades relacionadas con la ingesta de gluten en Cataluña y Menorca, ha dado traslado a una petición formal dirigida al Ministerio de Sanidad para que se incorpore a la orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de establecer mecanismos uniformadores en todo el Estado para la financiación de los tratamientos vinculados a la enfermedad celíaca.

Miembros de la asociación consideran que la presente situación supone «un agravio comparativo en detrimento del derecho a la salud y la integridad física de las personas enfermas que viven en territorios donde, como es el caso de Cataluña, no se otorga ningún tipo de ayuda a unas familias que ven notablemente incrementado el coste de su cesta de la compra como consecuencia de padecer una enfermedad que conlleva necesidades nutricionales concretas».

En este sentido, la organización ha recordado que a pesar de la transferencia de competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas, corresponde al Estado y el Ministerio de Sanidad establecer la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y evitar que se conculque el derecho constitucional a la salud, la integridad física y la igualdad de todos los ciudadanos del territorio nacional.

Así lo reconocía el Defensor del Pueblo en el año 2017 en un informe donde, entre otras conclusiones relacionadas con la situación de las personas celíacas en el Estado, enfatizaba la necesidad de crear «un marco coherente de prestaciones sociosanitarias» dirigido a este colectivo de enfermos y enfermas expuestas a la posibilidad de desarrollar graves trastornos autoinmunes en ausencia de una dieta sin gluten.

Los abogados Pau Maragall y Pau Estévez, ambos miembros de Colectivo Ronda, han asesorado la Asociación Celíacos de Cataluña en la redacción de la petición trasladada al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en ejercicio del Derecho de petición, un mecanismo legalmente establecido que permite a las personas físicas y jurídicas reclamar la intervención de la Administración en defensa de sus derechos cuando no existe un procedimiento específicamente establecido para vehicular su reclamación.

Estos abogados consideran que, en caso de no atender la petición trasladada y que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Seguridad no actúe para corregir la actual situación, resulta inevitable «que la desatención de la que son víctimas las personas celíacas a día de hoy acabe siendo objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional».

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