El Parlamento de Cataluña ha rechazado por la vía de urgencia una deducción fiscal de 200 euros para las familias con miembros diagnosticados de enfermedad celíaca, una decisión que ha reabierto el debate sobre las prioridades del Gobierno catalán.
La propuesta, presentada por el Partido Popular y elaborada junto a la Asociación de Celíacos de Cataluña, pretendía establecer una deducción de 200 euros en el tramo autonómico del IRPF para contribuyentes con rentas de hasta 35.000 euros en tributación individual y 45.000 en conjunta. El objetivo era aliviar parte del sobrecoste que supone mantener una dieta estricta sin gluten, cifrado por las asociaciones en alrededor de 1.000 euros anuales.
La iniciativa recibió el apoyo de PP, Junts, Vox, CUP y Aliança Catalana, pero ha chocado con el voto en contra de PSC, ERC y Comuns, que rechazaron que la ley se tramitara por lectura única, el procedimiento que habría permitido su aprobación en apenas unas semanas.
Los partidos de izquierda justifican su negativa alegando que las deducciones fiscales son una medida regresiva porque dejan fuera a quienes no están obligados a presentar la declaración de la renta.
Como alternativa, han defendido un acuerdo incorporado a la ley de acompañamiento de los Presupuestos para que el Gobierno impulse un sistema de ayudas directas antes de finales de 2026. Sin embargo, los promotores de la iniciativa consideran que ese compromiso carece de concreción y recuerdan que las asociaciones de celíacos acumulan más de una década escuchando promesas similares sin resultados tangibles.
Desde 2014 se han aprobado diversas resoluciones parlamentarias que reclamaban medidas de apoyo para los afectados, pero ninguna se ha traducido en ayudas efectivas. El diputado popular que ha impulsado la propuesta, Hugo Manchón, ha acusado a PSC, ERC y Comunes de dejar abandonadas a unas 82.000 personas afectadas por la enfermedad en Cataluña pese a tratarse de una medida de coste relativamente reducido.
Según ha defendido, el impacto presupuestario de la deducción sería muy inferior al de otras partidas que sí reciben respaldo inmediato por parte del Gobierno catalán. Los populares han puesto como ejemplo el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña, para el que se han comprometido cientos de millones de euros. «Para crear nuevas estructuras administrativas sí hay dinero y urgencia; para ayudar a los celíacos, no», ha resumido Manchón.
Pero la crítica va más allá de la cuestión fiscal, y los impulsores de la iniciativa han recordado que la enfermedad celíaca no tiene tratamiento farmacológico y que la única forma de controlar la patología es seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Ese tratamiento implica un sobrecoste constante para las familias afectadas, precisamente en un contexto marcado por el encarecimiento de la cesta de la compra.
La decisión del Parlamento catalán ha sido recibida con decepción por quienes llevaban años reclamando una medida concreta y de aplicación inmediata. Frente a una deducción que podía entrar en vigor en cuestión de semanas, los afectados vuelven a encontrarse con la promesa de futuras ayudas todavía sin cuantificar ni desarrollar.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para el Gobierno catalán, que no es otra que la facilidad con la que aparecen recursos para proyectos identitarios, organismos propios o políticas lingüísticas, que contrasta con las dificultades que encuentran iniciativas dirigidas a aliviar problemas cotidianos de miles de familias catalanas. Para los celíacos catalanes, al menos por ahora, la ayuda tendrá que seguir esperando.
