Los problemas a los que se enfrentan los celíacos y sus familias en Castilla y León serán debatidos en un Pleno de las Cortes de esta Comunidad Autónoma, después de que la votación de una propuesta del PSOE en la Comisión de Sanidad haya acabado en empate por el desacuerdo a la hora de afrontar el elevado precio de los productos.

La propuesta socialista, que ha recibido el apoyo del resto de grupos de la oposición -Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto- ha sido rechazada por el Partido Popular, que a través de un comunicado ha calificado de "cerrazón" el hecho de que el PSOE haya mantenido su propuesta sin atender a la demanda de retirar uno de los puntos que se refería a la eliminación de la actual diferencia de precios entre los alimentos aptos para celíacos y los que consumen el resto de ciudadanos.

Los socialistas defienden que la Junta de Castilla y León debe elaborar un plan de detección y actuación precoz ante la enfermedad celíaca, que adopte medidas para eliminar las diferencias de precios entre los productos que deben consumir los afectados por la misma y que posibilite que los comedores escolares tengan un menú sin gluten.

"Es una demanda realizada por la Asociación de Celíacos de Castilla y León a la Junta", ha defendido el Grupo Socialista en un comunicado en el que han recordado que sólo el 10 % de pacientes está diagnosticado debido a que durante años la enfermedad celíaca se relacionó exclusivamente con su forma de presentación clínica.

A la petición de demanda de un protocolo de detección y actuación precoz, se suma una batería de medidas planteadas en una segunda proposición no de ley en la que el PSOE insta a la Junta a adoptar medidas para eliminar la diferencia actual de precios entre alimentos aptos para celíacos y los productos análogos destinados al resto de consumidores, instando concretamente al Gobierno a establecer que los alimentos para pacientes celíacos tributen el tipo superreducido de IVA del 4 %.

Asimismo, la propuesta socialista recoge la petición de intensificar los controles de inspección en seguridad alimentaria y el etiquetado correcto de los productos para personas con intolerancia al gluten que exige el Reglamento Europeo.

También que se adopten las medidas necesarias para que las familias afectadas puedan acceder a un listado gratuito de alimentos libres de gluten con una periodicidad razonable y campañas de divulgación y que se regule que los comedores escolares tengan un menú sin gluten.