El Partido Popular ha denunciado que la proposición de ley para establecer ayudas económicas destinadas a personas celíacas continúa sin avances en el Congreso de los Diputados varios meses después de haber iniciado su tramitación parlamentaria. La iniciativa “popular” fue tomada en consideración el pasado 21 de octubre con un apoyo del 97 % de los diputados, iniciando un recorrido que ha sufrido hasta trece ampliaciones del plazo de enmiendas.

La formación popular atribuye este retraso a una estrategia premeditada por parte de la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, con el fin de mantener esta iniciativa en el “congelador” legislativo mediante la ampliación reiterada del plazo de enmiendas, lo que impide que el texto avance hacia su debate y votación en comisión.

En este contexto, la última de las prolongaciones lleva hasta este próximo miércoles 25 de marzo. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado la situación, denunciando la falta de avances efectivos en la tramitación del texto y subrayando que las trece ampliaciones de enmiendas “evidencian la escasa prioridad que el PSOE otorga a las personas con enfermedad celíaca”, al tiempo que ha reclamado poner fin al retraso y adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sobrecoste que afrontan estas familias.

La propuesta busca paliar el sobrecoste que soportan las personas con enfermedad celíaca mediante una deducción de hasta 600 euros anuales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado.

La medida tiene carácter reembolsable, lo que garantiza que también puedan beneficiarse las rentas más bajas que, de otro modo, no estarían sujetas a tributación.

Uno de los pilares del proyecto es la creación del Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca, dependiente del Ministerio de Sanidad. Este registro, de naturaleza administrativa, tendría como finalidad mejorar el conocimiento epidemiológico de la enfermedad, orientar la planificación y gestión sanitaria y servir como instrumento de verificación para garantizar que las ayudas lleguen realmente a quienes tienen derecho. Establece que la deducción se aplicará a cada miembro diagnosticado y se calculará de manera proporcional al tiempo durante el periodo impositivo en que se cumplan los requisitos.

Asimismo, el proyecto establece que la deducción se aplicará a cada miembro diagnosticado y se calculará de manera proporcional al tiempo durante el periodo impositivo en que se cumplan los requisitos. Además, incluye disposiciones finales que regulan los títulos competenciales y la entrada en vigor de la norma, asegurando que el mecanismo de apoyo sea operativo de manera inmediata una vez se apruebe la ley.

Finalmente, desde el punto de vista económico, el Partido Popular estima que, con los datos actuales de personas diagnosticadas, el coste de la medida rondaría los 60 millones de euros anuales, una cifra que consideran asumible dentro del marco de los Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, señalan que actualmente solo está diagnosticado alrededor del 40 % de los celíacos, lo que representa unas 200.000 personas.

Desde su toma en consideración, varios grupos parlamentarios adelantaron su intención de introducir cambios al texto original. En este sentido, desde el PSOE han señalado que el diseño de la deducción debería tener en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios para evitar efectos regresivos, buscando que las ayudas lleguen de manera proporcional a las necesidades económicas de cada familia.

Por su parte, el PNV ha adelantado que propondrá elevar la cuantía de la ayuda y la adopción de medidas adicionales para frenar el elevado precio de los productos sin gluten, uno de los principales factores que incrementan el sobrecoste de la dieta de los pacientes celíacos.

Estas enmiendas, junto con otras que puedan surgir, serán las claves que marcarán un proyecto de ley que hasta el momento se está atragantando en los plazos.