El Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición de Ley de compensación económica para las personas celíacas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, rozando la unanimidad, al contar con 338 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. El texto, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 30 de mayo de 2025, establece dos medidas principales: la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca, adscrito a la Dirección General de Salud Pública, y una deducción reembolsable de hasta 600 euros en el IRPF por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado de la enfermedad.
Según la iniciativa, el registro servirá para «proporcionar información epidemiológica sobre la incidencia y prevalencia de la enfermedad, orientar la planificación sanitaria y facilitar a la Agencia Tributaria el listado oficial de personas con derecho a la deducción». La propuesta define la ayuda como un «impuesto negativo» para garantizar que también puedan beneficiarse «las rentas más bajas que no están sometidas a tributación».
La diputada del PP, María Isabel Sánchez, explicó que el coste máximo de la iniciativa «podría llegar a los 300 millones de euros», aunque con los datos actuales expuestos en el texto legislativo «rondaría los 60 millones de euros al año», una cifra que se expone en el mismo como «totalmente asumible para un Estado que en 2024 ha tenido una recaudación tributaria récord cercana a los 300.000 millones de euros».
Durante su intervención, Sánchez destacó que «el tratamiento no está en un hospital, su tratamiento está en la despensa de sus casas» y recordó que «la dieta estricta sin gluten es la única medicina que tiene todo enfermo», y añadió que las familias celíacas «pagan entre tres y cuatro veces más por un producto tan básico como el pan o una simple galleta», al tiempo que defendía que la propuesta busca «ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan este sobrecoste».
Sánchez afirmó además, que se trata de «la primera iniciativa con rango de ley en España que busca ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan este sobrecoste», e insistió en que «esta medida no es para alguien que decida voluntariamente quitarse el gluten de su dieta», sino para «aquellos enfermos diagnosticados por un especialista médico».
La diputada popular pidió el apoyo de la Cámara para «abrir el debate, su negociación con las enmiendas y las propuestas tanto de la Federación como de los distintos grupos políticos», y reclamó al Gobierno «que no meta esta ley en el congelador, donde ya tiene 41 iniciativas del Partido Popular».
Por su parte, la diputada del PSOE, Isabel Belén Iniesta, reconoció el trabajo de las asociaciones de pacientes, pero calificó la propuesta del PP de «profundamente injusta y regresiva», al afirmar que «pretenden crear una deducción de 600 euros en el IRPF idéntica para todos, sin tener en cuenta el nivel de renta ni las circunstancias familiares», y advirtió que «eso no es justicia social, eso es oportunismo fiscal».
En esta lineam recordó que en Castilla-La Mancha «se conceden ayudas directas de hasta 750 euros por persona o 1.050 para hogares con más de una persona celíaca», y reivindicó que «las ayudas deben ser progresivas y vinculadas a la renta, porque solo así se garantiza que llegue más apoyo a quien más lo necesita». Además, añadió que el Gobierno «ya está trabajando en mejorar la atención integral a estas personas con rigor y con consenso», y defendió que «las políticas justas no tratan igual a quienes están en situaciones diferentes».
Desde Sumar, Àgueda Micó señaló que «la propuesta es positiva, pero hay que ir más allá cuando hablamos de celiaquía», al mismo tiempo que cuestionaba que la medida «va dirigida solo a las personas que son celíacas", y se preguntaba "¿Qué ocurre con las familias que tienen que comprar sin gluten para sus hijos?». En este sentido, subrayó que «es importante tener un diagnóstico precoz porque si no, cualquier ayuda económica llega tarde» y propuso crear «tarjetas que acrediten la condición de persona celíaca y permitan acceder a comida sin gluten en festivales, cines, hoteles o transportes».
Por su parte, e diputado de Vox, Tomás Fernández Ríos, aseguró que la iniciativa da «respuesta institucional a una desigualdad que afecta de manera tangible a miles de personas en España», y confirmó que su grupo «iba a apoyar la toma en consideración de esta Proposición de Ley», aunque pidió que se construya «con sentido común, con responsabilidad y siempre desde el equilibrio entre la justicia social y el rigor fiscal». Por otra parte, criticó que «en España conviven al menos 17 modelos distintos de ayudas a celíacos, con diferencias abismales» y puso como ejemplo que «en Andalucía recientemente 100 euros de deducción en el IRPF para cada familia, y en Castilla y León rosco pelotero», motivo por el que reclamaba «una igualdad real, que se aplique a quien lo necesita» y defendió que las ayudas deben cubrir «el 50 % o el 75 % del sobrecoste», siempre según los ingresos familiares.
El portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, consideró que la deducción «dista mucho de ser la respuesta más adecuada» y detallo que, «aunque parte de una propuesta legítima y con buena intención, adolece de importantes deficiencias en su diseño, en su equidad y en su eficacia», al tiempo que proponía «una reducción del IVA de los productos sin gluten que bajaría los precios de forma inmediata y beneficiaría a todas las personas celíacas por igual» y recordó que «las comunidades forales tienen capacidad plena en IRPF y pueden regular sus propias medidas».
Desde EH Bildu, Marije Fullaondo destacó que «el reconocimiento de la enfermedad celíaca como enfermedad crónica ha sido un logro histórico para el colectivo celíaco», ya que «supone mucho más que un cambio en la clasificación médica», para añadir que «abre las puertas hacia mejoras en la atención sanitaria con protocolos más claros, acceso a ayudas y adaptación de menús escolares y sanitarios». Con todo, consideró que la Proposición de Ley del PP «vuelve a centrarse en medidas fiscales» y recordó que «las comunidades autónomas ya pueden plantear deducciones en el IRPF sin esperar a una ley estatal».
Por su parte, la diputada de ERC, Etna Estrems, afirmó que la proposición del PP «se queda básicamente en el titular» y criticó que «con 130 diputados no sean capaces de hacer una ley de más de dos páginas», al tiempo que señalaba que «una reducción fiscal de 600 euros anuales puede parecer generosa, pero en realidad no cubre el sobrecoste que tiene el tratamiento de una persona celíaca», y anunciaba que ERC permitirá su tramitación para «convertirla prácticamente en una ley nueva que incluya formación sanitaria, menús escolares, investigación y protocolos de diagnóstico».
La diputada de Juntos por Cataluña, Pilar Calvo, aseguró que las personas celíacas «son víctimas de un Estado del bienestar fallido, que en lugar de corregir la discriminación que sufren, mira a otro lado» y recordó que «el sobrecoste anual alcanza los 1.000 euros según la Asociación de Celíacos de Cataluña» y que «el 20% de los diagnósticos se da entre mayores de 65 años, aumentando su vulnerabilidad». De esta manera, aunque anunció el voto favorable de su grupo, pidió «respetar las competencias autonómicas» y alertó de que «un registro centralizado no debe impedir la cooperación entre comunidades y Gobierno».
Por último, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, apeló al consenso y recordó que «no hay tratamiento para la celiaquía; el único tratamiento es no tomar gluten», al tiempo que defendía la utilidad del registro estatal «para planificar y dar respuesta coherente al aumento de casos» y pidió «trabajar con responsabilidad para que la vida de miles de familias sea más fácil» y concluía que «muchas comunidades autónomas pueden y deben actuar ya», recordando que «el Gobierno de Canarias bajó los impuestos a los productos básicos sin gluten al 0 %».
